En el entramado societario surgen nombres como Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA, y personas estrechamente ligadas a su estructura de confianza. Entre los mencionados figuran Juan Pablo Beacon, señalado como hombre de máxima cercanía a Toviggino, Mauro Paz, ex titular de Malte SRL, y Gabriel Gorosito, fundador de la firma en Santiago del Estero, provincia de origen político y deportivo del tesorero de la AFA. En ese grupo sobresalen Tapia y Toviggino por su peso institucional dentro de la AFA, pero también aparecen familiares directos, colaboradores estrechos y personas vinculadas a empresas que, en los papeles, figuraron como titulares de la propiedad. La investigación se apoyaba en una serie de indicios que, evaluados en conjunto, reforzaban la hipótesis de una maniobra de ocultamiento patrimonial. Buenos Aires, 22 de enero de 2026 - Total News Agency - TNA - Antes de apartarse de la causa por decisión de la Cámara Federal de San Martín, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky había reunido elementos que apuntaban a que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, junto a familiares y personas de su entorno, serían los verdaderos propietarios de la lujosa mansión ubicada en Pilar, formalmente inscripta a nombre de sociedades interpuestas. Un documento judicial incorporado al expediente y analizado por el magistrado contenía un listado de 13 personas sobre las que la Justicia centraba sus sospechas como posibles dueños reales del inmueble. El objetivo de la citación era identificar a los pasajeros transportados, pero ambos afirmaron no recordar a ninguna de las personas consultadas, incluidas las 13 del listado elaborado por el juez. En una resolución previa a su apartamiento, Aguinsky dejó asentado que la hipótesis principal de la investigación era que la casa habría sido adquirida con fondos provenientes de la AFA, bajo un esquema de sociedades y testaferros. Entre ellos, la falta de capacidad económica declarada de los actuales propietarios formales del inmueble, Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, quienes figuran como dueños a través de la sociedad Real Central SRL. La Justicia detectó que utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA con la que, entre enero y diciembre de 2025, se habrían realizado consumos mensuales por montos millonarios. Con el traspaso del expediente a la Justicia federal de Campana, se abre ahora una nueva etapa en la causa, aunque los elementos reunidos hasta el momento delinean un escenario de fuerte compromiso para la cúpula de la dirigencia del fútbol argentino. Fuentes consultadas: Clarín, expedientes judiciales, registros societarios, información pública del Poder Judicial. Completan el listado Carlos Bruno Seguel, Orlando Martín López, Gabriela Verónica Coronel Peña, Olga Delgado y Fernando Figueroa, todos con distintos grados de vinculación societaria o antecedentes judiciales que despertaron el interés del magistrado. En el marco de la causa, declararon como testigos los dos pilotos de helicóptero que realizaron, entre ambos, 54 vuelos hacia y desde la mansión, que cuenta con helipuerto. Entre ellas aparece Malte SRL, firma que en 2017 adquirió el terreno donde luego se construyó la mansión, comprado al ex futbolista Carlos Tevez. Para el juez, este dato reforzaba la presunción de que fondos de la AFA habrían sido utilizados para la adquisición y mantenimiento de la mansión. Durante los allanamientos, además, se encontraron elementos que comprometían directamente al tesorero de la entidad: cédulas azules de vehículos habilitadas a nombre de familiares de Toviggino, un bolso institucional de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con su nombre, hallazgos que el magistrado consideró incompatibles con la versión de que el dirigente no tenía relación con la propiedad. Otro eje de la investigación fue el análisis de las empresas que intervinieron en la cadena de titularidad del inmueble. Parte de esos gastos incluían peajes, servicios y erogaciones vinculadas a vehículos y viviendas ajenas a la actividad formal de la asociación deportiva. Según el expediente, ninguno de los dos cuenta con ingresos compatibles con una propiedad de esas características. El rol de Pantano resulta central en la causa.
